La Federación de Padres Separados pide una ley para la custodia compartida
EL PAÍS - Vitoria - 30/12/2010
La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados (Kidetza) va a presentar al Gobierno y a los grupos parlamentarios una propuesta para impulsar una ley de ámbito autonómico que fije la custodia compartida de los hijos como modelo preferente en los casos de separación o divorcios.
Su propuesta consiste en aprobar una ley autonómica que regule de forma integral el derecho de familia según lo establecido por el Estatuto de Gernika, reconozca la custodia compartida como fórmula principal e incluya los recursos necesarios para un ejercicio de la corresponsabilidad parental.
Kidetza explicó que la nueva ley debería garantizar el derecho de los hijos menores a relacionarse con ambos progenitores en igualdad de condiciones y favorecer el dialogo como método de resolución de conflictos.
Para la federación, una norma de este tipo tendría que impedir la utilización y manipulación de los menores en los procesos de divorcio, y evitar asociar como hasta ahora custodia con uso de la vivienda conyugal.
La entidad reclamó una "modificación urgente" de la ley del Divorcio, tras apuntar que la custodia compartida resulta "algo simbólico" en Euskadi, que solo se da en el 8,6% de los procesos de separación, ya que en el 86% de los casos la custodia recae en la madre, "conculcando el principio de igualdad".
La federación ha promovido en los Ayuntamientos de las tres capitales y en las Juntas Generales sendas mociones a favor de la custodia compartida como modelo preferente y por la reforma de la ley del Divorcio. El Parlamento tiene previsto aprobar en febrero entrante una resolución con un contenido similar.
Petición del Ararteko
De su lado, el ararteko, Iñigo Lamarka, ha solicitado que las instituciones vascas trabajen en la "abolición de barreras administrativas formales a familias homoparentales y a parejas o matrimonios del mismo sexo".
En una recomendación de la institución que encabeza, Lamarka ha pedido que las Administraciones públicas adapten "todas las instancias, impresos, formularios o cualquier otra documentación que afecte, para el acceso a prestaciones o servicios de toda índole, a parejas de hecho y matrimonios homosexuales, así como a familias homoparentales". Solicita así que se incorpore "una fórmula que dé plena cabida en condiciones de igualdad a la realidad" de dichas personas.
Lamarka recomienda a las instituciones que exijan esta misma práctica a cualquier entidad que gestione servicios o prestaciones de su competencia.
