LA FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES SEPARADOS FIRMA EL PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA EN EUSKADI
Más de 70 entidades sociales y económicas han suscrito esta tarde el Pacto Social por la Vivienda en un acto presidido en Lehendakaritza por el Lehendakari Patxi Lopez junto con el Consejero de Vivienda, Iñaki Arriola.
Se ha sellado así un intenso proceso de participación y de debate, con los agentes implicados que comenzó en noviembre para llegar a consensos básicos sobre las políticas a aplicar en materia de vivienda en los próximos años y que tendrá continuidad tras la firma del pacto con el fin de que los compromisos adquiridos se vayan materializando.
El Pacto, el primero de estas características que se logra en Euskadi tendrá un período de vigencia de 15 años y ha sido suscrito por constructores, promotores, colegios profesionales, consumidores, asociaciones vecinales, familias numerosas, Federación de Euskadi de madres y padres separados, cooperativas, entidades financieras, sociedades municipales, universidades, sociedades de rehabilitación, etc
Aumentar el parque de vivienda protegida y dar un fuerte impulso al alquiler es uno de los grandes ejes estratégicos del Pacto que se ha fijado como objetivo dar respuesta a la necesidad de vivienda de 90.000 familias e ir incrementando el número de viviendas en alquiler hasta lograr que en 2013 las viviendas promovidas en alquiler represente el 40% y en 2025, el 50%. Además, se quiere ubicar las necesidades potenciales de vivienda para ayudar a aquellos municipios en los que históricamente no se haya promovido vivienda protegida.
Se plantea además impulsar los alojamientos dotacionales y crear nuevas figuras dirigidas a cubrir la necesidad de vivienda en diversas situaciones.
Pero para poder obtener los recursos económicos que permitan cumplir estos objetivos se buscarán sistemas novedosos, entre los que se encuentra la colaboración público privada o la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados en derecho de superficie.
Tambien se pretende incrementar la disposición de suelo y movilizar aquellos suelos que actualmente se encuentran estancados mediante una mayor y mejor colaboración con los ayuntamientos y reforzando el papel de estos. Así, por ejemplo, el documento firmado propone introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los Ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa.
En el texto se constata la necesidad de revisar la carga de urbanización imputable a la vivienda protegida, para facilitar la puesta de suelo en disposición de ser construído, lo que conllevaría una modificación de la actual Ley de Suelo. También se considera necesario implementar las herramientas y mecanismos legales que permitan a las Administraciones locales una mayor flexibilidad para adecuar los recursos propios a su necesidad económica y social del momento.
Otro de los ejes estratégicos principales del Pacto es la potenciación y nueva orientación estratégica de las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. En la actualidad se dispone de un parque edificado de más de 900.000 viviendas, de las que casi el 70% son anteriores a 1980. Por ello, se ha establecido que en el horizonte de los próximos quince años se mejorarán y rehabilitarán 250.000 viviendas. Se trata de recuperar espacios mal aprovechados, y regenerar el tejido urbano, dotándolo de servicios, mejorando la accesibilidad, la eficiencia energética de las viviendas y alargando la vida del os edificios, con el fin de fomentar la cohesión social y la promoción económica de las ciudades.
Esta nueva política requiere de la colaboración interinstitucional en tares de gestión y sobre todo, en lo referente a realojos para posibilitar intervenciones de regeneración urbana o de rehabilitación integral de edificios. Para ello, se aprovechará la experiencia de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR).
Entre las 87 acciones concretas que se definen en el Pacto, hay acciones para mejorar la colaboración institucional y para mejorar la corresponsabilidad institucional. Así, por ejemplo se condera importante profundizar en la colaboración con las Diputaciones para el estudio e implementación de medidas fiscales para favorecer el alquiler y la rehabilitación.
Otra de las cuestiones que se plantean es la revisión de los cupos de los sorteos con el fin de conseguir un modelo de sorteo con baremación previa en el que primen criterios de necesidad objetiva de vivienda por encima de los de pertenencia a determinados grupos sociales, sin perjuicio de la excepcionalidad de establecer determinados cupos sociales.
Se plantea asímismo, el alquiler con opción de compra, adecuar los precios máximos de vivienda de protección ofical al coste real de construcción y poner en marcha un sistema de itinerarios vitales con acciones como un programa de cesión de viviendas de personas mayores para introducirlas en el mercado de alquiler, a cambio de viviendas dotacionales adecuadas a sus necesidades o eximir el requisito de carencia de vivienda a los propietarios de VPO para que puedan optar a la adquisición de vivienda tasada, siempre que pongan a disposición del a Adminstración su VPO y siempre que las viviendas tasadas no hayan podido ser ocupadas en el proceso ordinario de adjudicación.
La modificación del modelo de precios de vivienda protegida basado en un Fondo de Garantía y Compensación es otra de las acciones introducidas en el texto. El nuevo modelo permitirá aplicar precios diferenciados en la venta del a vivienda protegida en función de los niveles de renta de los adquirientes.
Por último, se incluye la implantación de un nuevo sistema de gobernanza de los asuntos públicos, potenciando la participación ciudadana y la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la politica de vivienda.
Todos estos acuerdos tendrán su plasmación en el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013 que el Gobierno aprobará antes de verano y que definirá las medidas más concretas y en el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que se presentará en el Parlamento Vasco antes de finalizar el año.
Se ha sellado así un intenso proceso de participación y de debate, con los agentes implicados que comenzó en noviembre para llegar a consensos básicos sobre las políticas a aplicar en materia de vivienda en los próximos años y que tendrá continuidad tras la firma del pacto con el fin de que los compromisos adquiridos se vayan materializando.
El Pacto, el primero de estas características que se logra en Euskadi tendrá un período de vigencia de 15 años y ha sido suscrito por constructores, promotores, colegios profesionales, consumidores, asociaciones vecinales, familias numerosas, Federación de Euskadi de madres y padres separados, cooperativas, entidades financieras, sociedades municipales, universidades, sociedades de rehabilitación, etc
Aumentar el parque de vivienda protegida y dar un fuerte impulso al alquiler es uno de los grandes ejes estratégicos del Pacto que se ha fijado como objetivo dar respuesta a la necesidad de vivienda de 90.000 familias e ir incrementando el número de viviendas en alquiler hasta lograr que en 2013 las viviendas promovidas en alquiler represente el 40% y en 2025, el 50%. Además, se quiere ubicar las necesidades potenciales de vivienda para ayudar a aquellos municipios en los que históricamente no se haya promovido vivienda protegida.
Se plantea además impulsar los alojamientos dotacionales y crear nuevas figuras dirigidas a cubrir la necesidad de vivienda en diversas situaciones.
Pero para poder obtener los recursos económicos que permitan cumplir estos objetivos se buscarán sistemas novedosos, entre los que se encuentra la colaboración público privada o la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados en derecho de superficie.
Tambien se pretende incrementar la disposición de suelo y movilizar aquellos suelos que actualmente se encuentran estancados mediante una mayor y mejor colaboración con los ayuntamientos y reforzando el papel de estos. Así, por ejemplo, el documento firmado propone introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los Ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa.
En el texto se constata la necesidad de revisar la carga de urbanización imputable a la vivienda protegida, para facilitar la puesta de suelo en disposición de ser construído, lo que conllevaría una modificación de la actual Ley de Suelo. También se considera necesario implementar las herramientas y mecanismos legales que permitan a las Administraciones locales una mayor flexibilidad para adecuar los recursos propios a su necesidad económica y social del momento.
Otro de los ejes estratégicos principales del Pacto es la potenciación y nueva orientación estratégica de las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. En la actualidad se dispone de un parque edificado de más de 900.000 viviendas, de las que casi el 70% son anteriores a 1980. Por ello, se ha establecido que en el horizonte de los próximos quince años se mejorarán y rehabilitarán 250.000 viviendas. Se trata de recuperar espacios mal aprovechados, y regenerar el tejido urbano, dotándolo de servicios, mejorando la accesibilidad, la eficiencia energética de las viviendas y alargando la vida del os edificios, con el fin de fomentar la cohesión social y la promoción económica de las ciudades.
Esta nueva política requiere de la colaboración interinstitucional en tares de gestión y sobre todo, en lo referente a realojos para posibilitar intervenciones de regeneración urbana o de rehabilitación integral de edificios. Para ello, se aprovechará la experiencia de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR).
Entre las 87 acciones concretas que se definen en el Pacto, hay acciones para mejorar la colaboración institucional y para mejorar la corresponsabilidad institucional. Así, por ejemplo se condera importante profundizar en la colaboración con las Diputaciones para el estudio e implementación de medidas fiscales para favorecer el alquiler y la rehabilitación.
Otra de las cuestiones que se plantean es la revisión de los cupos de los sorteos con el fin de conseguir un modelo de sorteo con baremación previa en el que primen criterios de necesidad objetiva de vivienda por encima de los de pertenencia a determinados grupos sociales, sin perjuicio de la excepcionalidad de establecer determinados cupos sociales.
Se plantea asímismo, el alquiler con opción de compra, adecuar los precios máximos de vivienda de protección ofical al coste real de construcción y poner en marcha un sistema de itinerarios vitales con acciones como un programa de cesión de viviendas de personas mayores para introducirlas en el mercado de alquiler, a cambio de viviendas dotacionales adecuadas a sus necesidades o eximir el requisito de carencia de vivienda a los propietarios de VPO para que puedan optar a la adquisición de vivienda tasada, siempre que pongan a disposición del a Adminstración su VPO y siempre que las viviendas tasadas no hayan podido ser ocupadas en el proceso ordinario de adjudicación.
La modificación del modelo de precios de vivienda protegida basado en un Fondo de Garantía y Compensación es otra de las acciones introducidas en el texto. El nuevo modelo permitirá aplicar precios diferenciados en la venta del a vivienda protegida en función de los niveles de renta de los adquirientes.
Por último, se incluye la implantación de un nuevo sistema de gobernanza de los asuntos públicos, potenciando la participación ciudadana y la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la politica de vivienda.
Todos estos acuerdos tendrán su plasmación en el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013 que el Gobierno aprobará antes de verano y que definirá las medidas más concretas y en el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que se presentará en el Parlamento Vasco antes de finalizar el año.
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