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PROYECTO DE GALLARDON-PREVIO AL MATRIMONIO VISITA OBLIGADA AL NOTARIO PARA DECIDIR EL REGIMEN ECONOMICO

El Gobierno, a través del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, pretende obligar a las parejas a elegir el sistema que regirá sus relaciones económicas, un trámite que previsiblemente les hará pasar por el notario y hacer un desembolso extra.
13.12.12 - 13:18 -
Si el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los registros presentado por el Ministerio de Justicia es finalmente ratificado, las parejas deberán inscribir obligatoriamente el régimen económico matrimonial que deseen, es decir, de ganancialidad, separación de bienes o participación. “Una vía para evitar verdaderos quebraderos de cabeza en caso de divorcio”, comenta Justo Sáenz, presidente de AGIPASE (Asociación guipuzcoana de padres y madres separadas), quien sin embargo critica que esta medida suponga un coste añadido.
El caso es que esta modificación supondría la obligatoriedad de pasar por el notario, lo que incrementaría los costes, aunque tal y como señala Eva Rodríguez, abogada matrimonialista, “el coste de otorgar unas capitulaciones o conseguir un acta de notoriedad no es un gasto elevado”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha garantizado que inscribir el régimen económico de los matrimonios, medida que será obligatoria con la futura reforma del Registro Civil, no supondrá «coste añadido alguno» para los contrayentes. Según estas fuentes, el objetivo es «evitar problemas de seguridad jurídica» entre matrimonios con un miembro perteneciente a una comunidad autónoma con régimen común -en la que, por defecto, se aplica la sociedad de gananciales- y otro del régimen foral -separación de bienes-. En cualquier caso, fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón aclararon ayer que se está trabajando con un borrador «sujeto a posibles modificaciones».
En la actualidad, salvo que los contrayentes determinen lo contrario a través de las capitulaciones ante notario, a la pareja se le aplica por defecto el régimen de gananciales, a excepción de aquellas comunidades autónomas donde prevalece el derecho foral -Cataluña, Valencia, Islas Baleares o Navarra-, donde está vigente la separación de bienes. «Se trata de que, en el momento de preparar el expediente matrimonial, se haga constar el régimen económco matrimonial que legalmente les corresponde», añadió el portavoz ministerial.
Según consta literalmente en el borrador en el que trabaja el departamento, para inscribir este aspecto «será título suficiente, además de los documentos previstos para cada caso en la ley, las actas por las que se declare la notoriedad del régimen económico matrimonial legal y las escrituras de capitulaciones respecto del régimen económico matrimonial pactado».
A juicio de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), la intervención del notario y el registrador en los expedientes matrimoniales se traduicirá en «tasas y más tasas».
«Nosotros, de momento , no sabemos nada», aseguraron fuentes del Consejo General del Notariado. Según explicaron, las capitulaciones notariales que los fedatarios públicos realizan en la acualidad a instancias de una pareja que quiera modificar el régimen económico vigente en su comunidad cuestan «entre 50 y 100 euros».
Por su parte, la asociación de consumidores Facua cree que la concesión a nortarios y registradores de la gestión del Registro Civil, dependiente ahora de los juzgados de primera instancia, supone la «privatización de un servicio público». «Nos tememos que busque más beneficar a dos colectivos perjudicados por la caída del negocio inmobiliario, más que agilizar la Justicia», apuntan los consumidores.




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