El Gobierno, a través del
anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, pretende
obligar a las parejas a elegir el sistema que regirá sus relaciones
económicas, un trámite que previsiblemente les hará pasar por el notario
y hacer un desembolso extra.
13.12.12 - 13:18 -
Si el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los
registros presentado por el Ministerio de Justicia es finalmente
ratificado, las parejas deberán inscribir obligatoriamente el régimen
económico matrimonial que deseen, es decir, de ganancialidad, separación
de bienes o participación. “Una vía para evitar verdaderos quebraderos
de cabeza en caso de divorcio”, comenta Justo Sáenz, presidente de AGIPASE (Asociación guipuzcoana de padres y madres separadas), quien sin embargo critica que esta medida suponga un coste añadido.
El caso es que esta modificación supondría la
obligatoriedad de pasar por el notario, lo que incrementaría los costes,
aunque tal y como señala Eva Rodríguez, abogada matrimonialista, “el coste de otorgar unas capitulaciones o conseguir un acta de notoriedad no es un gasto elevado”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia
ha garantizado que inscribir el régimen económico de los matrimonios,
medida que será obligatoria con la futura reforma del Registro Civil, no
supondrá «coste añadido alguno» para los contrayentes. Según estas
fuentes, el objetivo es «evitar problemas de seguridad jurídica» entre
matrimonios con un miembro perteneciente a una comunidad autónoma con
régimen común -en la que, por defecto, se aplica la sociedad de
gananciales- y otro del régimen foral -separación de bienes-. En
cualquier caso, fuentes del departamento que dirige Alberto
Ruiz-Gallardón aclararon ayer que se está trabajando con un borrador
«sujeto a posibles modificaciones».
En la actualidad, salvo que los contrayentes determinen
lo contrario a través de las capitulaciones ante notario, a la pareja se
le aplica por defecto el régimen de gananciales, a excepción de
aquellas comunidades autónomas donde prevalece el derecho foral
-Cataluña, Valencia, Islas Baleares o Navarra-, donde está vigente la
separación de bienes. «Se trata de que, en el momento de preparar el
expediente matrimonial, se haga constar el régimen económco matrimonial
que legalmente les corresponde», añadió el portavoz ministerial.
Según consta literalmente en el borrador en el que
trabaja el departamento, para inscribir este aspecto «será título
suficiente, además de los documentos previstos para cada caso en la ley,
las actas por las que se declare la notoriedad del régimen económico
matrimonial legal y las escrituras de capitulaciones respecto del
régimen económico matrimonial pactado».
A juicio de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), la intervención del notario y el registrador en los expedientes matrimoniales se traduicirá en «tasas y más tasas».
«Nosotros, de momento , no sabemos nada», aseguraron fuentes del Consejo General del Notariado.
Según explicaron, las capitulaciones notariales que los fedatarios
públicos realizan en la acualidad a instancias de una pareja que quiera
modificar el régimen económico vigente en su comunidad cuestan «entre 50
y 100 euros».
Por su parte, la asociación de consumidores Facua cree
que la concesión a nortarios y registradores de la gestión del Registro
Civil, dependiente ahora de los juzgados de primera instancia, supone
la «privatización de un servicio público». «Nos tememos que busque más
beneficar a dos colectivos perjudicados por la caída del negocio
inmobiliario, más que agilizar la Justicia», apuntan los consumidores.
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